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La Justicia investiga el millonario robo de 35 kilómetros de caños del gasoducto del NEA: acusan a un intendente salteño y a empresarios

Se trata de la obra de infraestructura proyectada en 2003 para llevar gas importado desde Bolivia, a través de Salta, a cuatro provincias que aún dependen de garrafas. El hurto se valuó en 13 millones de dólares.

Tres fiscales federales acusaron al intendente de la localidad salteña de Aguaray, Jorge Prado; a su secretario de Hacienda, Fredy Céspedes, y a cuatro empresarios, por el millonario robo de 35 kilómetros de caños correspondientes a un tramo del gasoducto del NEA, la obra de infraestructura proyectada en 2003 para llevar gas importado desde Bolivia, a través de Salta, a cuatro provincias que aún dependen de garrafas y que nunca llegó a cumplirse en su totalidad.

En una audiencia virtual, que se realizó la semana pasada, el fiscal general de Salta, Eduardo Villalba, y sus pares de las sedes descentralizadas de Orán, José Luis Bruno; y Tartagal, Marcos Romero, se formalizaron y ampliaron las imputaciones en el marco de una investigación iniciada en febrero, en una causa que está a cargo del juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya.

Según un informe del diario El Tribuno, el tramo salteño desmantelado por los robos era la pieza clave del proyecto, ya que debía canalizar el gas importado desde Bolivia hacia el oeste salteño, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y el norte de Santa Fe. Ese tramo fue adjudicada por Enarsa a la empresa Servicios Vertúa, que finalmente se retiró en diciembre de 2015, dejando las obras con un avance del 53,92%, tras haber cobrado un adelanto de obras por trabajos que nunca realizó de $733 millones.

Fuente: Infobae

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